El artículo 1.2 de la Constitución española reza que la soberanía nacional reside en el pueblo español. La noción de soberanía nacional proviene de la doctrina política de Rousseau. Sobre este concepto se basan todas las democracias desarrolladas del mundo.
Es evidente que el reconocimiento de este principio otroga unos beneficios para la ciudadanía. Por ejemplo, gracias a la soberanía, los ciudadanos elegimos a los miembros del poder legislativo tanto a nivel naconal como a nivel autonómico y municipal.
Sin embargo, no todo lo que supone la soberanía nacional es positivo. Rousseau también ideó la noción de contrato social. Este contrato social determina que entre todos hemos acordado una serie de esipulaciones. Por ejemplo, la soberanía es una ficción. A través de un supuesto pacto trasladamos nuestro poder a los miembros del poder legislativo. Actualmente se hace referencia a este contrato social para atracar a todo el mundo a través del terror fiscal.
En definitiva, aunque la soberanía contenga elementos positivos, no es el concepto con el que se garantice una libertad auténtica. En democracia, el sector público, ya sea en lo político o en lo económico, no debe ser el protagonista. La autonomía privada es la que ha de ganar ese protagonismo. La autonomía privada hace referencia a todas las normas de carácter negocial y por desgracia hoy día no es considerada como fuente del Derecho debido a las grandes restricciones que sufre.
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