El Gobierno de España anunció que se iba a emplear la figura de un relator en las conversaciones con el Gobierno de la Generalidad de Cataluña. Poco después decidió cambiar de postura y actualmente desconocemos como se llevará a cabo el diálogo.
El ordenamiento jurídico no reconoce el derecho de autodeterminación. Esto no implica que nunca exista una consulta sobre el modelo territorial porque España no es una democracia militante. Esto significa que cumpliendo el procedimiento que marca la Constitución se puede iniciar un proceso constituyente en el que se discuta sobre la independencia de Cataluña.
Sin embargo, los independentistas han roto y rompen constantemente el orden constitucional. Además debemos sumar que el actual presidente del Gobierno es capaz de hacer cualquier barbaridad que le garantice poder disfrutar del precioso falcon y del palacio de la Moncloa. Si el Gobierno de España acepta la figura del relator Sánchez estaría cayendo en la trampa de los independentistas dado que sería reconocer de forma indirecta que es imposible debatir en el Parlamento de Cataluña, en el Congreso de los diputados o en el Senado la cuestión territorial. Los independentistas podrían utilizar esto para denunciar una supuesta falta de libertades políticas y así comenzar a defender el supuesto en el que las Naciones Unidas, en la declaración 50/6, reconocen el derecho a la autodeterminación.
En definitiva, emplear la figura de relator sería un gran error que puede suponer el inicio de una campaña de desprestigio de la democracia española por parte de aquellos que presuntamenete dan golpes de Estado para tratar de llevar a cabo el derecho de autodeterminación, que no es reconocido en ningún país que reconoce derechos fundamentales, libertades políticas, etc. Por ello alego que los defensores del orden constitucional no debemos aceptar la figura del relator. Los independentistas han de cumplir el ordenamiento jurídico para que, posteriormente pueda existir un diálogo con los secesionistas en las Cortes Generales donde reside la soberanía nacional.