Estas líneas están siendo redactadas el sábado 14 de marzo. En vez de escribir sobre la inacción del Gobierno de España, tenía planeado redactar un breve artículo explicando el Real Decreto por el que se establece el estado de alarma en todo el territorio nacional. El estado de alarma se aprueba y entra en vigor en el momento en el que se publique el Real Decreto en el BOE, previa deliberación del Consejo de Ministros. 24 horas más tarde de que Sánchez anunciará que se iba a decretar el estado de alarma, seguimos igual que ayer, con la diferencia de que la lista de fallecidos a causa del Covid-19 sigue, lamentablemente, ascendiendo.
“Dime cuales son las garantías y te diré cuanto vale el derecho”. Esta frase fue enunciada varias veces por mi profesora de Derecho Constitucional. La Constitución y las leyes, prevén garantías suficientes. Pero hay una garantía que no es de carácter legal, pero que posee un valor significativo: la eficacia de los cargos públicos en el ejercicio de sus funciones. Permítanme, pues, cuestionar la eficacia de los miembros del Gobierno. El Consejo de Ministros se ha alargado hasta las siete horas por las disputas entre los miembros de la Coalición. Por otra parte, el Vicepresidente segundo, que debía guardar cuarentena, se ha personado en el Palacio de la Moncloa, poniendo en juego la salud de los Ministros y los trabajadores que allí se encuentran.
Fue una negligencia haber permitido actos multitudinarios el pasado domingo 8 de marzo. Tras la jornada del domingo, en Madrid subieron un 50% los contagios. Si el Gobierno se hubiera tomado en serio la amenaza del virus, ¿habría sido necesario restringir la libre circulación de todos y cada uno de los ciudadanos?
Por encima de las ideologías y del poder están las personas y sus vidas. Para prevenir los contagios y mejorar la salud pública es necesaria la lealtad institucional. Creo que es un error y una vergüenza que los independentistas y los nacionalistas se preocupen más por las competencias que ejercen que por la salud de los ciudadanos.
A modo de reflexión final, creo que fue un error que Sánchez pactara con independentistas y que permitiera aglomeraciones el domingo 8 de marzo. Y lo más grave es que estos errores los estamos pagando con nuestra salud y nuestra libertad. En cuanto superemos esta crisis sanitaria, Sánchez debería plantearse la disolución de la Cortes Generales y su dimisión. Debemos exigir responsabilidades a los cargos públicos, independientemente de sus ideas.
MARZO DE 2020
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