Un derecho vale lo que valen sus garantías. Pero las garantías no solo están estipuladas en las distintas normas sino que también las constituyen las acciones de las Administraciones Públicas. Según la distinta información que ha publicado la prensa, sabemos que desde febrero el Gobierno fue informado de la amenaza sanitaria que suponía la existencia del coronavirus. Además, la OMS organizó una cumbre, durante las jornadas del 11 y 12 de febrero, para proponer estrategias de prevención a los ministros de sanidad de la UE. Curiosamente, el filósofo y Ministro de Sanidad, Salvador Illa, no acudió a dicha reunión. Volvamos al mes de marzo; el 14 de marzo el BOE publicó el Decreto por el que se establece el estado de alarma. El Gobierno reconoció que fue a partir del 9 de marzo cuando el virus comenzó a expandirse de forma espectacular. ¿Qué ocurrió el 8 de marzo? Que pese a las alertas de la OMS y de la UE, en España se celebraron 77 manifestaciones, 1 mitin con 9000 personas, eventos deportivos, culturales, etc. La manifestación feminista del 8 de marzo fue el evento en el que varios miembros del Consejo de Ministros, la madre y la mujer del Presidente se infectaron del virus. Restringir de la libertad de movimientos (derecho fundamental) por culpa de la irresponsabilidad de un Gobierno al que le interesan más los mensajes publicitarios que gobernar sienta un pésimo precedente.

La consecuencia más notoria y triste es la muerte de más de 20000 personas. Pero no podemos dejar de lado otros dos problemas: la crisis económica y el papel que esta crisis tendrá en el derecho constitucional de las democracias occidentales. Nietzsche decía que los narcóticos de Europa y Alemania eran el alcohol y el cristianismo. Creo que los narcóticos de España son el paternalismo y el inconformismo. La crisis económica no se solucionará con el paternalismo del Leviatán. Holanda y Alemania tienen razón en su planteamiento económico: recortar los gastos innecesarios de la Administración. Por otra parte, debemos analizar las consecuencias que esta crisis tendrá en el ejercicio de nuestros derechos más básicos. La sociedad española no puede ni debe conformarse con las distintas situaciones que vayamos viviendo sino que tenemos que exigir responsabilidades cuando los individuos son privados de sus libertades a causa de la incompetencia de otros.

No podemos permitir que el Gobierno utilice nuestros aplausos para esconder una realidad: la falta de material sanitario. A partir de ahora yo no solo saldré a aplaudir a los médicos sino que también exigiré que se compren equipos de protección para los médicos, personal de limpieza, militares, etc.

¿Hayek tenia razón al afirmar lo siguiente: “si los socialistas supiesen algo de economía no serían socialistas”? ¿Acaso esta afirmación trasciende la economía y es posible aplicarla a las distintas ramas de conocimiento?  Un dato: todas las crisis que ha sufrido la España democrática se han dado con ejecutivos socialistas.

ABRIL DE 2020

Estas líneas están siendo redactadas el sábado 14 de marzo. En vez de escribir sobre la inacción del Gobierno de España, tenía planeado redactar un breve artículo explicando el Real Decreto por el que se establece el estado de alarma en todo el territorio nacional. El estado de alarma se aprueba y entra en vigor en el momento en el que se publique el Real Decreto en el BOE, previa deliberación del Consejo de Ministros. 24 horas más tarde de que Sánchez anunciará que se iba a decretar el estado de alarma, seguimos igual que ayer, con la diferencia de que la lista de fallecidos a causa del Covid-19 sigue, lamentablemente, ascendiendo.

“Dime cuales son las garantías y te diré cuanto vale el derecho”. Esta frase fue enunciada varias veces por mi profesora de Derecho Constitucional. La Constitución y las leyes, prevén garantías suficientes. Pero hay una garantía que no es de carácter legal, pero que posee un valor significativo: la eficacia de los cargos públicos en el ejercicio de sus funciones. Permítanme, pues, cuestionar la eficacia de los miembros del Gobierno. El Consejo de Ministros se ha alargado hasta las siete horas por las disputas entre los miembros de la Coalición. Por otra parte, el Vicepresidente segundo, que debía guardar cuarentena, se ha personado en el Palacio de la Moncloa, poniendo en juego la salud de los Ministros y los trabajadores que allí se encuentran.

Fue una negligencia haber permitido actos multitudinarios el pasado domingo 8 de marzo. Tras la jornada del domingo, en Madrid subieron un 50% los contagios. Si el Gobierno se hubiera tomado en serio la amenaza del virus, ¿habría sido necesario restringir la libre circulación de todos y cada uno de los ciudadanos?

Por encima de las ideologías y del poder están las personas y sus vidas. Para prevenir los contagios y mejorar la salud pública es necesaria la lealtad institucional. Creo que es un error y una vergüenza que los independentistas y los nacionalistas se preocupen más por las competencias que ejercen que por la salud de los ciudadanos.

A modo de reflexión final, creo que fue un error que Sánchez pactara con independentistas y que permitiera aglomeraciones el domingo 8 de marzo. Y lo más grave es que estos errores los estamos pagando con nuestra salud y nuestra libertad. En cuanto superemos esta crisis sanitaria, Sánchez debería plantearse la disolución de la Cortes Generales y su dimisión. Debemos exigir responsabilidades a los cargos públicos, independientemente de sus ideas.

MARZO DE 2020

El 31 de enero de 2020, el Reino Unido abandonó, de forma más simbólica que real, la Unión Europea. A lo largo de este año, a España se le presentan retos y oportunidades. Si a lo largo de estos meses, se gestionan de manera correcta los acontecimientos relativos al Brexit, podremos ser una nación con una importancia política y económica mucho mayor de la que somos actualmente.

Todos los expertos en comercio internacional consideran que es muy complicado alcanzar un acuerdo comercial en 10 meses, tal como pretende el Primer Ministro Británico, Boris Johnson. Sin embargo, España debe negociar de forma intensa puesto que el tiempo es muy breve y las oportunidades son muy interesantes. España es uno de los países que mejor nivel de vida tiene del mundo, motivo por el que muchas empresas consideran instalar sus sedes en nuestro territorio. Dentro de este contexto, se nos presenta la oportunidad de reducir nuestra elevada tasa de desempleo atrayendo a un número importante de empresas que quieran instalarse en la Unión Europea eligiendo España. En segundo lugar, al perder a un contribuyente neto, como lo era el Reino Unido, el Ejecutivo español ha de revisar el presupuesto, pudiendo considerar opciones para amortizar deuda o para rebajar el porcentaje de déficit, es decir, el Gobierno puede introducir en las cuentas públicas el famoso concepto de “rigor fiscal y presupuestario.”

En el ámbito político, lo que España debería hacer es tratar de formar un eje europeo conformado junto con Alemania y Francia que implique que España tiene mayor peso e importancia en las decisiones más importantes que adopte en el futuro la Unión Europea. Lo cierto es que el hipotético eje entre Alemania, Francia y España podría ser una realidad puesto que España es la cuarta economía de la zona euro y posee una importancia histórica y cultural muy considerable. Años atrás, con José María Aznar como Presidente del Gobierno, España decidió aliarse con Polonia para gozar de una gran influencia en la toma de decisiones en la entonces llamada Comunidad Europea. (España y Polonia sumaban la misma población que Alemania, razón por la que esta alianza fue muy beneficiosa para los intereses españoles)

En definitiva, a pesar de que el Brexit nos conducirá por caminos desconocidos y repletos de riesgos y amenazas, considero que sería un error no fijarse en las oportunidades que nos brinda este acontecimiento. Los meses que restan de este año serán duros (para los negociadores de cada país) pero el esfuerzo puede valer la pena y se puede obtener un acuerdo muy beneficioso para nuestro país y que nos puede arrojar luz en un contexto de incertidumbre global.

ENERO DE 2020

Durante la campaña electoral, los diversos partidos políticos abordaran su programa respecto a la estructura territorial de España. Existen, principalmente, dos modelos de organización territorial: el centralismo y la autonomía de las regiones. Actualmente unos partidos defienden el centralismo mientras que otros defienden la descentralización, ya sea defendiendo el federalismo o la España de las Autonomías.

Bajo mi punto de vista, considero que la descentralización es el modelo territorial que más garantiza la libertad individual por diversas razones.

En primer lugar, la descentralización supone que las estructuras de poder se desarrollan en pequeñas regiones y ello facilita que los ciudadanos tengan la oportunidad de iniciar propuestas legislativas y que estas tengan mayor probabilidad de triunfar.

En segundo lugar, la descentralización permite que el poder ejecutivo y legislativo de cada CCAA posea más competencias de forma que las normas jurídicas se pueden adaptar más a las características y a las peculiaridades de las gentes y costumbres de cada CCAA.

En tercer lugar, un efecto de la descentralización es que el voto de cada ciudadano para las elecciones de su ayuntamiento o comunidad autónoma vale más que el voto en unas elecciones generales, de forma que las políticas que desarrollen los gobiernos se aproximan más a las que reclaman los ciudadanos.

La descentralización podría fomentar la libertad económica. Y digo podría porque hoy día, salvo Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca, ninguna CCAA posee un control considerable de la Hacienda. Si cada CCAA controlara la Hacienda en sus respectivos territorios, caminaríamos hacia la bajada de impuestos y, en consecuencia, se avanzaría mucho en libertad económica. De hecho, este es el modelo territorial suizo, donde cada cantón compite fiscalmente con el resto de forma que para atraer inversión y fomentar la creación de empleo han de mantener una fiscalidad baja. Pienso que España debería transferir la gestión y la administración de Hacienda a cada CCAA dado que nos permitiría experimentar un gran avance económico.

Además, me gustaría realizar una defensa del Régimen Foral de Navarra. El Régimen Foral supone una especial legislación en diversos aspectos del derecho civil privado (derecho de sucesiones, régimen económico matrimonial…) además de regulación específica en materia tributaria y político-administrativa. El Régimen Foral tiene su razón de ser. En 1515 Navarra se incorporó a la Corona de Castilla a través de un pacto eqüe-principal, es decir, entre iguales.  Los fueros son derechos históricos dado que, en primer lugar, junto al reino Astur, el reino de Pamplona inició la reconquista que finalizó con la unidad dinástica de Castilla y Aragón que supuso la aparición de la idea de España como nación, de una España unida tal y como es hoy día. Y, en segundo lugar, por la incorporación de Navarra a Castilla a través de un pacto entre iguales.

Quiero finalizar defendiendo que, en España, la injusticia no es que Navarra posea el Régimen Foral, sino que el resto de CCAA no posean las competencias que en virtud de Ley Orgánica fueron otorgadas a Navarra.

El Gobierno de España anunció que se iba a emplear la figura de un relator en las conversaciones con el Gobierno de la Generalidad de Cataluña. Poco después decidió cambiar de postura y actualmente desconocemos como se llevará a cabo el diálogo.

El ordenamiento jurídico no reconoce el derecho de autodeterminación. Esto no implica que nunca exista una consulta sobre el modelo territorial porque España no es una democracia militante. Esto significa que cumpliendo el procedimiento que marca la Constitución se puede iniciar un proceso constituyente en el que se discuta sobre la independencia de Cataluña.

Sin embargo, los independentistas han roto y rompen constantemente el orden constitucional. Además debemos sumar que el actual presidente del Gobierno es capaz de hacer cualquier barbaridad que le garantice poder disfrutar del precioso falcon y del palacio de la Moncloa. Si el Gobierno de España acepta la figura del relator Sánchez estaría cayendo en la trampa de los independentistas dado que sería reconocer de forma indirecta que es imposible debatir en el Parlamento de Cataluña, en el Congreso de los diputados o en el Senado la cuestión territorial. Los independentistas podrían utilizar esto para denunciar una supuesta falta de libertades políticas y así comenzar a defender el supuesto en el que las Naciones Unidas, en la declaración 50/6, reconocen el derecho a la autodeterminación.

En definitiva, emplear la figura de relator sería un gran error que puede suponer el inicio de una campaña de desprestigio de la democracia española por parte de aquellos que presuntamenete dan golpes de Estado para tratar de llevar a cabo el derecho de autodeterminación, que no es reconocido en ningún país que reconoce derechos fundamentales,  libertades políticas, etc. Por ello alego que los defensores del orden constitucional no debemos aceptar la figura del relator. Los independentistas han de cumplir el ordenamiento jurídico para que, posteriormente pueda existir un diálogo con los secesionistas en las Cortes Generales donde reside la soberanía nacional.

¿Cuáles son los partidos políticos que tratan de engañar? La respuesta sencilla: el PSOE, que hace lo que sea para tener acceso al falcon; Podemos, que va de mal en peor; y VOX, un partido demagógico, populista cuyo programa electoral es irrealizable.

Tras leer y analizar lo que VOX denomina «los 100 puntos de la España viva» llegué a la conclusión de que el partido de Abascal es un gran fotógrafo de la realidad política, pero que las soluciones que propone no son soluciones. Son mentiras.

Respecto al planteamiento económico, creo que es positivo que defiendan una bajada de impuestos. Sin embargo de la noche a la mañana no se puede liberalizar la economía y menos si no hay una bajada del gasto público. La liberalización de la economía es algo que España necesita. No obstante, este fin se debe llevar a cabo de forma constante pero continuada. El partido VOX carece de memoria económica, no justifica ingresos y gastos, por lo tanto, yo no me creo que VOX pueda liberalizar la economía. Si queremos una economía libre existen otras opciones políticas que han trabajado y siguen trabajando por este fin, con experiencia, resultados. Por ejemplo, José María Aznar bajó los impuestos durante 7 años. Además en Navarra pagábamos menos impuestos durante el gobierno de Yolanda Barcina que con Barkos que desde 2015 ha impuesto el terror fiscal en Navarra.

VOX propone un modelo territorial basado en el centralismo y la desaparición de las autonomías, fueros navarros y el cupo vasco. No solo es un disparate sino que VOX no lo va a poder llevar a cabo porque tal y como esta la política, no tendrá mayoría absoluta ni en el Congreso ni en el Senado. Para llevar a cabo esta propuesta sería necesario realizar una reforma de la Constitución a través del artículo 168 CE.

Por otro lado, VOX propne aumentar las penas de delitos como ultraje a la Corona alfo que no puede llevar a cabo dado que España fue condenada por aplicar este delito en un caso donde se quemaron fotos del Rey (STEDH 13 marzo 2018 Stern Tulats y Roura Capellera vs España).

Gracias al espacio schengen existe la libre circulación por la UE. ¿Y sabe quién quiere restringir esta libertad? VOX, el partido que se autodenomina liberal. Habría que recordar a VOX que el liberalismo defiende la libre circulación de capitales, mercancías y personas.

En definitiva, el programa electoral de VOX no es más que un panfleto de propaganda irracional. El programa no se puede realizar ya sea por falta de memoria económica, por no reunir los requisitos para llevar a cabo cambios en el ordenamiento jurídico o por la existencia de sentencias que impidan levar a cabo cambios en el sistema legal.

El artículo 1.2 de la Constitución española reza que la soberanía nacional reside en el pueblo español. La noción de soberanía nacional proviene de la doctrina política de Rousseau. Sobre este concepto se basan todas las democracias desarrolladas del mundo.

Es evidente que el reconocimiento de este principio otroga unos beneficios para la ciudadanía. Por ejemplo, gracias a la soberanía, los ciudadanos elegimos a los miembros del poder legislativo tanto a nivel naconal como a nivel autonómico y municipal.

Sin embargo, no todo lo que supone la soberanía nacional es positivo. Rousseau también ideó la noción de contrato social. Este contrato social determina que entre todos hemos acordado una serie de esipulaciones. Por ejemplo, la soberanía es una ficción. A través de un supuesto pacto trasladamos nuestro poder a los miembros del poder legislativo. Actualmente se hace referencia a este contrato social para atracar a todo el mundo a través del terror fiscal.

En definitiva, aunque la soberanía contenga elementos positivos, no es el concepto con el que se garantice una libertad auténtica. En democracia, el sector público, ya sea en lo político o en lo económico, no debe ser el protagonista. La autonomía privada es la que ha de ganar ese protagonismo. La autonomía privada hace referencia a todas las normas de carácter negocial y por desgracia hoy día no es considerada como fuente del Derecho debido a las grandes restricciones que sufre.